PJEdomex, primer Poder Judicial de México con certificado antisoborno

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PJEdomex, primer Poder Judicial de México con certificado antisoborno

Lunes, 21 Octubre 2019 16:19 Escrito por 
PJEdomex, primer Poder Judicial de México con certificado antisoborno Foto: Especial

Toluca/Estado de México

El Poder Judicial del Estado de México se convirtió en el primer tribunal de justicia del país en certificarse en el estándar ISO 37001 “Sistema de Gestión Antisoborno”.

Al recibir la certificación, su titular, Sergio Javier Medina Peñaloza, expresó: “Aquí no hay corrupción. Hay trabajo y dedicación”, agregó que la institución está conformada únicamente por perfiles altamente profesionales comprometidos con el servicio público.

Acompañado del secretario de la Contraloría del gobierno mexiquense, Javier Vargas Zempoaltécatl y del consejero de la Judicatura, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez; Medina Peñaloza comentó que con el ISO 37001 se tutelan derechos internacionales específicos para prevenir, detectar y gestionar conductas de soborno.

En su intervención, el secretario, Vargas Zempoaltécatl, reconoció como un logro del Poder Judicial mexiquense la obtención de este certificado, una acción -dijo- que suma a los esfuerzos para lograr la consolidación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios para combatir una conducta como el soborno.

En el Palacio de Justicia ante magistrados, directores de área y colaboradores judiciales, el consejero, De la Peña Gutiérrez, enfatizó que la certificación en la norma internacional ISO 37001 refrenda el compromiso del Poder Judicial de contribuir en la lucha de malas prácticas como la corrupción, mismas que derivan en el fortalecimiento de una cultura de integridad, transparencia, legalidad y honestidad.

El socio director de la entidad certificadora Factual Services S. C., Fernando Chiquini Barrios, explicó que el problema del soborno no ha podido erradicarse, por lo que las entidades públicas tienen el deber de combatirlo y señaló que el Sistema de Gestión Antisobornos implica el establecimiento de diversas políticas institucionales de control financiero, ética, liderazgo, evaluación periódica, la instalación de un canal de denuncias, lo cual coloca al Poder Judicial a la vanguardia nacional en el combate a las prácticas anticorrupción.

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